“Es un gran trabajo que se llevó adelante con profesionalismo de la Policía de la Ciudad, junto a la Fiscalía del Dr. Alejandro Musso, y eso lo quiero rescatar porque en esta sociedad no puede haber lugar para la estafa. Los vivos que quieren estafar a la gente tienen que estar detenidos y a disposición de la Justicia”, sostuvo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Gustavo Coria.
Personal de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, perteneciente al Departamento del Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, llevó adelante los procedimientos junto a efectivos de la provincia de Buenos Aires en cuatro domicilios porteños y cuatro bonaerenses para poder desbaratar a esta organización que cautivaba a los clientes con una irracional rentabilidad mensual en dólares hasta del 12 por ciento, tras invertir en el mercado de capitales.
Las diligencias fueron dispuestas por el fiscal Musso, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) de San Isidro, intervinieron con exhorto por intermedio del Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de San Isidro al Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias del doctor Jorge de Santo, Secretaría del doctor Macchi.
Así fue como en aproximadamente en un año, los nuevos clientes se sumaban a la lista de damnificados y le confiaban a Real Capital, como se había llamar la empresa, sus capitales para incrementar ganancias en inversiones en la Bolsa de Comercio, en negocios vinculados a la construcción o en el mundo de las criptomonedas y bajo el lema “Socio Confiable”.
Las tareas de los investigadores comenzaron una vez que los damnificados no lograron ver las ganancias que les habían prometido, por lo que se juntaron y una abogada que los representó inició las demandas hacia Real Capital, que operaba en un estudio jurídico cercano a la zona de Tribunales.
El ministro Coria y el fiscal Musso dieron especificaciones sobre el devenir de las investigaciones durante una conferencia de prensa que se desarrolló en la sede del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), en Chacarita.
Allí también estuvieron el subsecretario de Seguridad Comunal de Investigación Comunal, Aníbal Falivene, y el jefe y subjefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard y Pedro Carnero, respectivamente.
Coria señaló que “el proceso delictivo se inició en enero de 2021 llevando a la quiebra en junio de 2022, y luego de tres meses de investigaciones, se hicieron ocho allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, San Fernando y Quilmes, se detuvo a cuatro personas y se lograron identificar a al menos 50 damnificados por alrededor de un millón de dólares”.
Ese dinero habría sido invertido en criptomonedas para evitar ser rastreado, aunque se verificará en los sistemas de almacenamiento que se incautaron si hay registros de las denominadas «Billeteras Frías» (Cold Wallet), que son sistemas de almacenamiento de monedas digitales que no necesitan mantenerse con conexión a red.
De acuerdo al fiscal Musso, «el esquema Ponzi es un sistema ideado desde el comienzo, para llevarse capital de las personas, se las endulza con inversiones con rentas de entre 8 y 12 por ciento en dólares, con lo cual ingresan capitales y lo mantienen en el tiempo, hasta que todo se descubre con retiro abrupto de capital”.
Musso resaltó la tarea del trabajo conjunto de la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público en cuanto a demostrar que “se puede investigar” este tipo de delitos, pese a que los estafadores «invierten en criptomonedas, pseudo anónimas difíciles de rastrear”.
En cuanto a los procedimientos, se allanó el domicilio del cabecilla de la banda en San Fernando, donde se lo detuvo.
También hubo allanamientos en Quilmes, dos más en San Fernando y cuatro en Ciudad de Buenos Aires, quedando los detenidos a disposición de la Justicia.
Los oficiales secuestraron seis computadoras, entre notebook y de escritorio, diez teléfonos celulares, dos pendrives, dos tablets, tres tarjetas de memoria, un disco duro externo, una máquina cuenta billetes, documentación contable de la empresa que se utilizaba de pantalla y recibos de contratos y de recepción de dinero.
Por orden del magistrado actuante, se peritarán todos los elementos para investigar la ruta del dinero que perdieron los damnificados.
