Los detectives de la División Fraudes Bancarios, dependiente del Departamento Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad, que intervinieron en la pesquisa, estiman que son entre cinco y seis las estafas que provocó la banda, que usurpaba identidades, recurriendo a un mercado negro de datos, sobre todo de personas que habían perdido algún tipo de documentación, para sacar créditos a su nombre y comprar los autos.
Se trata de un hecho que, de acuerdo a los oficiales de esa división especializada de la Policía de la Ciudad, demuestra la importancia de realizar las denuncias sobre pérdida o robo de documentación ante la Policía y hacer lo propio en sedes bancarias y empresas emisora de tarjetas ante extravío o hurto de los plásticos para no caer en estafas de este tipo.
La investigación se inició en diciembre del año pasado cuando un hombre hizo una denuncia en la Comisaría Vecinal 12 A de la Policía de la Ciudad, por estafa y usurpación de identidad, referente a que desconocidos habían sacado un crédito millonario a su nombre.
El hombre tiempo atrás había perdido una tarjeta de crédito y al tiempo le llegó una notificación sobre una deuda por un crédito UVA que le habían otorgado. Al ir a la entidad bancaria le informaron que debía dinero por un crédito prendario por 7.947.900 de pesos por la compra de un vehículo 0km una concesionaria.
La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito Núñez-Saavedra, a cargo del Dr. José María Campagnoli, que dio la investigación a la División Fraudes Bancarios, que con el aval judicial solicitó el levantamiento del secreto bancario.
Luego los oficiales fueron hasta la concesionaria donde se hizo la operación, en el barrio porteño de Coghlan.
La pesquisa reveló que un gestor, que se hacía llamar Jorge, que luego se confirmó era integrante de la colectividad gitana, con un poder otorgado por un escribano, que también quedó involucrado en la investigación, había solicitado dos créditos, uno del denunciante y otro, a nombre de una mujer residente en la provincia de Corrientes, que luego se comprobó también había perdido un documento.
Al recurrir los oficiales a los datos del Registro Nacional de la Propiedad Automotor (RNPA) figuraba que el auto en cuestión tenía emitida una tarjeta azul. Es que una vez el «gestor» recibió de la concesionaria el auto y el título de propiedad, a nombre del estafado y en el que consigna la prenda, acudió con el documento al Registro a gestionar la tarjeta azul para un tercero para poder manejarlo.
Cuando los efectivos fueron a la concesionarias, se les informó que uno de los autos con trámite en investigación estaba listo para la entrega.
Con la autorización judicial, los oficiales colocaron un rastreador satelital en el auto 0KM, un Fiat Cronos, por la División Análisis de Riesgo y Protección de la Policía de la Ciudad, para el día del retiro de la concesionaria.
Como para darle mayor sinuosidad a la trazabilidad, el hombre que retiró el auto, al igual que en la otra oportunidad, no era el gestor, sino un apoderado, con el escrito de poder mediante.
El conductor del Cronos un recorrido por momentos deambulatorio destinado a evitar seguimiento. Sin embargo, de las investigaciones participaron siete brigadas de la división interventora por lo cual en todo momento el vehículo estuvo a la vista de los efectivos.
Pasó por Juan B. Justo y Warnes, donde se le hizo un polarizado de vidrios y luego pasó por tres domicilios, en Villa General Mitre, Villa del Parque y Villa Devoto, que resultaron ser de miembros de la colectividad gitana.
Es que con la autorización judicial se hicieron escuchas telefónicas, confirmando que los que se contactaban por esta maniobra eran integrantes de esa colectividad, hablando en romaní.
Tras el circuito que hizo el Cronos, y tal cual había solicitado la magistratura, el auto fue detenido en la bajada de la calle Santa Rosa, en el Acceso Oeste, en Castelar.
Allí fue detenido el hombre que sacó el auto de la concesionaria, de 43 años, y fue secuestrado el vehículo y dos teléfonos celulares, que fueron derivados a las pericias.
A partir de esas escuchas, el derrotero que hizo el conductor del Cronos antes de cruzar la avenida General Paz, y la continuidad de la pesquisa, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 40, a cargo de la Dra. Paula González, Secretaria 139 del Dr. Sebastián De Simoni ordenó cinco allanamientos, tres en esos domicilios porteños por los que había pasado el detenido antes de dejar la Ciudad, y otros dos en Merlo y Campana.
En dos de los allanamientos hubo resultado positivo, sobre todo por el hallazgo de documentación de cinco autos, que estaban ocultas, y que serían de hecho similares al investigado.
Parte de los documentos, al igual que cinco llaves de autos, un Volkswagen Bora y tres celulares fueron secuestrados en una finca en Adolfo Carranza al 2900 en Villa del Parque, en tanto que otras documentaciones fueron decomisadas en Navarro al 5100, en Devoto, donde también incautaron otros tres celulares.
En el caso están imputados otros tres hombres de la colectividad, uno de ellos el “gestor Jorge”, además del escribano, vinculado a la causa.
En tanto, el detenido fue trasladado a dependencias de la Policía de la Ciudad, donde quedó a disposición de la Justicia.
