Dos mujeres, regentes del negocio, fueron demoradas y notificadas de iniciación de causa por infracción a la ley 12.331 de Profilaxis, que en su artículo 17 sanciona a quien sostenga, administre o regentee este tipo de lugares.
La investigación comenzó el 6 de febrero a partir de una denuncia de un vecino por la línea 145, que señaló que en el lugar había servicios sexuales.
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas 35, a cargo de la Dra. Celsa Ramírez, derivó la pesquisa a la División Delitos contra Grupos Vulnerables y Trata de Personas de la Policía de la Ciudad.
Se realizó un trabajo de campo, con consultas y recorrido por redes sociales donde los investigadores determinaron que en ese departamento se promocionaba la oferta sexual por diferentes medios en web de servicios privados para hombres y en webs de acompañantes conocidas como “escorts”.
Con esos datos, además se analizaron varios días de cámaras de seguridad del edificio y linderas.
Con los datos acumulados, la fiscalía solicitó al Juzgado 23 del fuero porteño, a cargo del Dr. Norberto Luis Circo, el allanamiento del departamento, ubicado en un primer piso en Zabala al 2400, que se realizó junto a personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFyC) de la Ciudad, de la Gerencia Operativa del Centro de Asistencia a la Víctima del Gobierno de la Ciudad y de la Dirección Nacional de Migraciones.
En el lugar, dos mujeres, de 30 y 25 años, oficiaban de encargadas, quienes fueron demoradas y luego notificadas de iniciación de causa, una de ellas también por tenencia de estupefacientes. Otras dos mujeres fueron entrevistadas por personal del Centro de Asistencia a la Víctima, cuyo informe fue derivado a la fiscalía, que determinó no imputarlas.
Los investigadores secuestraron dos celulares, un DVR, un posnet, anotaciones, preservativos, y 8 envoltorios con cocaína, por el cual la mujer de 25 años también fue notificada de causa por violación a la ley de drogas, quedando a disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la Dra. Agustina Scarelli.
Finalmente se dispuso la clausura administrativa y judicial del departamento donde se ejercía la actividad.
