La Corte Suprema de Justicia de la Nación impulsó la realización de un simulacro de siniestro en los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde se puso a prueba el Plan Director de Emergencias de la Ciudad.
Participaron miembros del Cuerpo Médico Forense y la Morgue Judicial de la Corte, junto a integrantes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires y fuerzas federales.
El simulacro se realizó en el estacionamiento de los tribunales federales de Comodoro Py, una vez finalizado el horario de atención al público, y recreó un escenario de la caída de un helicóptero con múltiples víctimas.
Esto se realiza en cumplimiento de lo dispuesto por la Acordada de la Corte Suprema 36/2007, que puso en marcha una red institucional para afrontar potenciales escenarios trágicos que requieran la intervención de la Justicia.
A su vez, en el simulacro, se puso a prueba el Plan Director de Emergencias de la Ciudad que establece el marco de actuación para gestionar amenazas, riesgos y desastres. Este instrumento focaliza recursos materiales y humanos para responder a incidentes menores y mayores.
Participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad, Defensa Civil, el SAME, el área Cementerios, de la Policía Federal, la Agencia Federal de Emergencias y personal de la Corte Suprema, quienes coordinaron con el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, el despliegue en el lugar.
La hipótesis del simulacro planteó la caída de un helicóptero en las inmediaciones del edificio judicial, con un saldo hipotético de 20 heridos, derivados a hospitales públicos de la Ciudad, y 10 fallecidos trasladados al Cementerio de la Chacarita para su reconocimiento.
Desde que se arribó al lugar hasta que se evacuaron a todas las víctimas, el operativo tuvo una duración de 35 minutos.
La conducción general del simulacro estuvo a cargo de la Superintendencia de Prevención y Gestión de Emergencias de la Policía de la Ciudad, que coordinó la intervención de los distintos organismos a través de un Puesto de Comando.
El simulacro se activó mediante la recepción de una alerta en el Sistema de Atención de Emergencias de la Ciudad. A partir de ese momento comenzó el despliegue del personal policial que realizó la primera evaluación de la situación y estableció el perímetro de actuación.
Minutos después llegaron al lugar los Bomberos de la Ciudad y los Bomberos de la Policía Federal Argentina, quienes trabajaron en la zona de impacto, delimitaron el área segura de intervención y procedieron a la extracción de las víctimas.
El ejercicio contó con la participación de cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública, quienes representaron a las víctimas. A los heridos en el simulacro se les colocaron pulseras de clasificación Triage con un código QR, que permite su identificación y seguimiento, y luego fueron trasladados por el SAME mediante ambulancias terrestres y evacuación aérea a distintos hospitales.
Defensa Civil montó una carpa operativa destinada al tratamiento de víctimas fatales del simulacro, donde personal de la Policía Científica realizó tareas de identificación preliminar, colocación de pulseras negras con código QR a los cuerpos, escaneo de registros y toma de fotografías forenses.
Los “fallecidos” fueron derivados a la morgue sustituta instalada en Chacarita, donde esperaron su traslado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia por parte del Cuerpo Médico Forense.
Posteriormente, la División K9 de Bomberos de la Ciudad de perros realizó una recorrida por los distintos pisos de los tribunales a fin de detectar posibles víctimas y amenazas explosivas.
A lo largo del ejercicio se cronometraron las distintas etapas y se registró el operativo mediante cámaras. También se utilizó el camión judicial.
El dispositivo incluyó además la activación del Centro Cultural Carlos Gardel como espacio destinado a la recepción y contención de familiares de las víctimas. Allí, se estableció un centro de asistencia integral para brindar información oficial sobre la situación, atención psicológica, acompañamiento, orientación administrativa y judicial, además de coordinar las tareas de identificación de víctimas.
Este tipo de procedimientos se enmarca en la acordada 36/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que creó una red institucional para afrontar escenarios críticos que requieran la intervención de la Justicia. El protocolo fue implementado tras el incendio del local bailable República Cromañón y ya se aplicó en situaciones reales como el choque ferroviario en la estación Once.
Desde 2024, el máximo tribunal impulsa una actualización de estos protocolos mediante encuentros destinados a capacitar a los actores involucrados y mejorar la coordinación interjurisdiccional entre las distintas reparticiones.
La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Administración de la Corte, permite organizar a funcionarios judiciales, agentes de distintas fuerzas de seguridad y personal médico frente a un evento crítico y, al mismo tiempo, velar por una respuesta adecuada a los familiares de las víctimas.
Actualizado el año pasado, el protocolo apunta a optimizar mecanismos vigentes y adecuar la infraestructura operativa del Cuerpo Médico Forense y la Morgue Judicial para brindar un mejor servicio. Dispone de medidas como la creación de un comité de crisis que centralice recursos y tareas con miras a un abordaje más organizado y eficiente.
