Esta mañana se llevó adelante el desalojo número 400: fue en el ex hotel Santa Ana, del barrio de Monserrat, que tiene 14 habitaciones y estaba ocupado ilegalmente desde hacía tres años.
En el operativo dispuesto por la Justicia intervino la Policía de la Ciudad y participó personal del Ministerio de Espacio Público y de Desarrollo Humano y Hábitat. El propietario del hotel, ubicado en México 712, pidió recuperar el edificio para destinarlo a fines comerciales.
El desalojo de este lunes comenzó a las ocho de la mañana y es parte de las políticas de la actual gestión para terminar con las ocupaciones ilegales, recuperar bienes públicos y garantizar el cumplimiento de la ley. Y se enmarca en la planificación que impulsa el Jefe de Gobierno para poner fin a situaciones que afectan la calidad de vida de los vecinos, generan problemas de inseguridad y alteran la convivencia ciudadana.
“Así como terminamos con cortes, piquetes y acampes para garantizar la libre circulación y combatimos la ocupación del espacio público y la venta ilegal, tenemos la decisión política de terminar con las usurpaciones”, dijo Jorge Macri. “La regla es clara: en la Ciudad, la propiedad privada se respeta y la ley se cumple”, agregó el Jefe de Gobierno.
El viernes pasado, la Ciudad desalojó en San Telmo un predio de 2.500 metros cuadrados en Paseo Colón y San Juan donde funcionaba irregularmente un campo de deportes, ocupado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) que lidera el dirigente Raúl Castells. Tenía el permiso vencido hace 12 años.
A esto se suma la liberación de veredas y plazas ocupadas para la venta ilegal. Ya se realizaron 10 megaoperativos de desalojo de manteros en Once, Flores (en la avenida Avellaneda), Parque Centenario, Chacarita, Parque Patricios y Constitución. También se desmantelaron feriales ilegales y ranchadas en Retiro (calle Perette), el aeroparque Jorge Newbery, Plaza Lavalle y Congreso.
Además, durante esta gestión la Ciudad intensificó su labor para prevenir, combatir y terminar definitivamente con las acciones extorsivas de los “trapitos” en la vía pública. Y también se envió a la Legislatura un proyecto de ley para agravar las penas para quienes cometan esas contravenciones.
